lunes, 12 de noviembre de 2012

Terrorismo económico y laboral

Torrevieja, 12 de Noviembre de 2011.- Rajoy hace poco hablaba de las mayorías silenciosas, las mayorías que no se manifiestan a las que calificaba como la gran mayoría y, en el colmo del cinismo se atrevía a contabilizar como personas que apoyaban su proyecto político y económico. Halo de proyecto político y económico porque es el momento de decir las cosas claras, esto que hacen pasar por “ajustes necesarios” para superar la “crisis” económica no es realmente eso. Esto es la instauración de un proyecto Neoliberal en el que el eje pasa por el desmantelamiento de los servicios públicos para abrir un segmento económico importante a las empresas privadas, es decir, que como hasta ahora la sanidad pública y la escuela pública cumplían perfectamente su función las empresas privadas no podían acceder a los potenciales clientes, porque estos ya estaban cubiertos por los servicios públicos que pagaban de forma solidaria a través de sus impuestos. Una vez dicho esto hablaré de lo que considero terrorismo o maltrato económico y laboral. Aprobada la reforma laboral y con algo de tiempo en marcha nos damos cuenta de que ha sido el coladero para sumir a los trabajadores en el terror más absoluto, la gran mayoría de nosotros conocemos personas que día a día tienen que “tragar” con imposiciones injustas por miedo a perder su puesto de trabajo que van desde imponer jornadas más largas y rebajas del salario hasta amenazar a los empleados con el despido si deciden sumarse a la huelga. Esto señoras y señores no es más que maltrato y terrorismo, no me extraña que esos trabajadores en un país donde el paro se ha disparado hasta superar el 25% tengan terror de manifestar su descontento o hacer huelga, es lógico, de esos sueldos –en muchos casos de miseria- depende el sustento de la familia. Pero este no es el peor de los maltratos que sufrimos los ciudadanos de este país, el más brutal, el más infame es el terror a perder la vivienda, ese estado de indefensión ya se ha cobrado más de una víctima mortal y hasta este momento todo lo que había planteado el ejecutivo era considerar como un delito intentar parar un desahucio. Ahora, cuando los medios de comunicación se han hecho eco de las muertes de tres ciudadanos, que ante el sentimiento más absoluto de que su vida estaba acabada con la pérdida de su vivienda y la espada de Damocles que supone que además de no tener un techo acarrearás una deuda de por vida, han decidido quitarse la vida. Algunos me dirán que no han sido los bancos ni nuestros políticos los que han matado a estas personas, pero lo que ha pasado es que esos bancos y esos políticos los han ayudado a subir a la ventana y cuando la cosa estaba fea les han dado el empujón final. Lo que más me exaspera es saber que los dos partidos mayoritarios, los mismo que hace menos de un mes y medio impidieron que la propuesta de Izquierda Unida de la dación en pago retroactiva saliera adelante, ahora se quieren erigir en los salvadores de los afectados por las hipotecas y, cuando ven sus manos manchadas de sangre consideran que es hora de atacar el problema. Perdonadme que no me ría, que no lo agradezca, el momento era hace unos años, cuando todo esto se puso de manifiesto, cuando nos dimos cuenta que los desahucios se estaban transformando en un problema social importante al que había que ponerle una solución justa. Porque no me digáis que no es al menos paradójico que los impuestos de los desahuciados sirvan para pagar el rescate de sus desahuciadores. Ni a al mismísimo Marques de Sade se le ocurriría una maniobra tan retorcida. Son muchas las razones y los motivos para considerar que estamos inmersos en un proceso de terrorismo económico y laboral, vosotros sois los que podéis contarme a mi miles de casos. Por este motivo yo pido que rompamos con nuestros maltratadores, sé que es difícil, sé que puede dar un poco de miedo, sé que el miedo nos sume en la apatía. Pero esta semana tenemos dos ocasiones de plantar cara a nuestros torturadores psicológicos. La primera esta misma tarde en la puerta del ayuntamiento acudiendo a la concentración de Stop Desahucios, la segunda este miércoles, participando de forma activa en la huelga general. El 14 N no consumas, no hagas trabajar a nadie, no lleves a tus hijos al colegio, has huelga (si puedes) y sobre todo no dejes que te cuenten entre la mayoría silenciosa, porque de esa manera no haces más que darle más poder a tu maltratador.

domingo, 11 de noviembre de 2012

La opacidad de la transparecia

Estupefacta y ojiplática me quedé esta mañana al leer en el periódico Información que el PP de Torrevieja apoyaba la gestión del Alcalde Dolón, a la vez que echaba balones fuera y reprendía a la oposición por sacar a la luz el espinoso asunto de los móviles municipales, diciendo que en realidad la culpa de todo la tienen quienes han sacado a la luz pública los hechos sin preguntar primero. Defienden en su tesis que la oposición puso el ventilador a funcionar sin preguntar primero al, ya conocidísimo por su gestión transparente, alcalde y su acólito Albaladejo, ¿o es al revés? Con estos dos ya estoy perdida, nunca se sabe en nuestro dichoso pueblo quien es en realidad el que lleva las riendas del consistorio, y parece ser que los rumores no apuntan precisamente al joven alcalde. Pero lo que más me ha llamado la atención de las declaraciones oficiosas, es que en su defensa esgrimen que la oposición debería haber evitado que los vecinos conociéramos el uso que algunos concejales y asesores dan a sus móviles OFICIALES. Disculpen las mayúsculas, si pudiera lo escribiría también en letra gótica y fosforito para que se viera bien la palabra, OFICIALES, es decir, que son los terminales que se les asignan a los concejales y asesores para su uso en el ejercicio de sus funciones. Permítaseme que dude que llamar a la novia de uno, concertar citas con profesionales del sexo, descargar vídeos pornográficos, o contratar un servicio de alertas deportivas se pueda considerar que fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones. Lo que si considero un alarde de opacidad y de mala gestión es echar las culpas sobre los demás y afirmar que la oposición ha hecho daño a las familias de quienes han malversado fondos públicos. Permítanme que les recuerde que no ha sido la oposición quienes han marcado los números “malditos” en los móviles del Concejal Plaza, no han sido ellos los que han mantenido largas y amorosas conversaciones con la novia de Montoro, no ha sido ni el PSOE, ni APTCe, ni Los Verdes quienes han disfrutado de Gol TV o descargado vídeos pornográficos desde sus móviles, pagados con el dinero de todos los torrevejenses, entre otras cosas porque no los tienen; estos móviles sólo son asignados a los concejales miembros del equipo de gobierno, asesores y determinados funcionarios, que no todos. Pero es evidente que no está en el espíritu del Partido Popular torrevejense instaurar la transparencia por sistema en el sistema. Demasiado acostumbrados están a hacer de nuestro pueblo su cortijo personal y quieren pasar de todo esto con unas simples disculpas de un concejal que no sólo debería haber sido cesado, sino que además debería haber sido denunciado por sus propios compañeros de bancada como valedores de la buena gestión y la defensa del pueblo torrevejense. Porque señores, lo hecho por este concejal, que ya no es presunto uso, sino uso confeso de un terminal oficial para realizar llamadas personales está tipificado en el Código Penal bajo el título de Malversación de Caudales Públicos, que dice así: Artículo 432. “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años” para luego matizar en el artículo en el punto tercero que “Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años”. Como no soy abogada y desconozco el montante total de los importes de las llamadas, ya que sólo se ha tenido acceso por parte de la oposición a las de los meses de octubre y noviembre de 2011 puedo suponer que como mínimo al Sr. Montoro le pueden caer además de una multa, pena de prisión de hasta tres años y una inhabilitación, pero es evidente que hay quienes quieren arreglar el asunto con unas míseras disculpas. Se ve que aquí todo se arregla igual, con un “Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder” Publicado originalmente en el periódico información de Alicante

Suma y Sigue

Siempre se dice aquello de que “Spain is diferent”, ¿diferente a qué? ¿A países donde la malversación de caudales públicos además de un delito, qué aquí lo es, la mera sospecha de estar envuelto en un escándalo de este tipo implica tu dimisión o cese inmediato? Entonces la respuesta es SI, un sí rotundo y con mayúsculas. Para muestra un pequeño botón, llevamos más de un mes dándole vueltas al tema del uso de los móviles municipales, el mal uso, uso fraudulento. Sé que puede sonar fuerte, porque ¿qué son unas llamaditas? Queridos lectores, unas llamaditas son mucho. Y lo son porque reflejan la poca ética política del que las hace, porque el que desvía fondos públicos con el móvil, no sabemos si también no dispone de “la cosa pública” a su antojo en otras parcelas. Y que además, nos pese cuanto nos pese, usar lo ajeno está mal. Estamos mal acostumbrados a venerar la famosa picaresca española, que no es otra cosa que un egoísmo cerril, poco solidario y de sociedades sin evolucionar. Así los pícaros empresarios evaden la hacienda pública (hay cifras que hablan de que el 72% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas) y veneramos al Dioni, que no es otra cosa que un ladrón de poca monta. ¿De verdad creéis que eso tiene alguna lógica? Aquí perdonamos alegremente a los políticos que usan los recursos públicos, esos que pagamos entre todos, como si fueran suyos olvidando que tan sólo son gestores de lo que es de todos. Perdónenme si asevero que lo de todos no se puede usar en propio beneficio. En el caso del edil Montoro, el único del que se han filtrado más facturas con desglose de llamadas, nos damos cuenta de que lleva mucho tiempo enamorado, más del que admitió cuando pidió perdón, tanto lleva enamorado que desde hace 16 meses que le pagamos las llamadas a su pareja sentimental, y eso ya me parece demasiado. Amén de saber lo enamorado que está nuestro edil de contrataciones, que vaya por delante mis felicitaciones por ello y le deseo lo mejor en su faceta personal, lo que me pone los pelos como escarpias es saber que sólo se filtró esa, y que para una que pasa en las condiciones óptimas para ser fiscalizada ya encontramos un uso fraudulento de lo público. ¿Qué no encontraríamos si tuviéramos acceso a todas? ¿De qué más nos enteraríamos el pueblo llano? La respuesta es clara. De un mal uso continuado de los recursos públicos, de que mientras ellos se suben sueldos, nos suben el IBI, nos recortan en servicios, se dan el lujo además de gastar a cuenta del erario público para cosas absolutamente personales. Pero Spain is diferent, está demostrado en Comunidades Autónomas como esta, en la que seguimos votando a los que sabemos positivamente que han estado salpicados por escándalos de corrupción. La prueba sin irnos muy lejos la tenemos en la propia Torrevieja, donde es vox populi el destino de los recursos púbicos y seguimos premiando a nuestros gestores con un voto más de confianza para que gestionen lo de todos. Ha llegado el momento de preguntarnos ¿Es que somos masoquistas?, vamos lo que está claro es que no podríamos salir haciendo publicidad de una gran superficie de electrónica, porque está claro de que aquello de, Yo no Soy Tonto, no va con nosotros. Ala, suma y sigue, venga roba que estos nos siguen votando igual es lo que se deben decir unos a otros en la segunda planta. Y lo peor del caso es que tienen razón, porque poco estamos haciendo los ciudadanos de Torrevieja para exigir la inmediata dimisión de todos los sospechosos de haber utilizado sus teléfonos móviles para fines particulares y la del concejal de Hacienda y el Alcalde por tapar las fechorías.